Contexto

Después de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de las Naciones Unidas en 1945 y la adopción de la Declaración Universal de Derechos humano el 10 diciembre de 1948, macaron un nuevo comienzo, pretendiendo ser respuestas a las atrocidades y violaciones de la paz internacional. El establecimiento de estos instrumentos internacionales fue acompañado por una primera iniciativa regional de las Américas, un esfuerzo común que dio lugar a la adopción de su propia Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en abril de 1948 y el establecimiento de una Carta regional a la fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y todos los miembros de la OEA están automáticamente sujetos a esta institución. La Comisión recibe quejas de particulares sujetas a las violaciones de derechos y responde en forma de recomendaciones y en algunos casos realizando investigaciones. La juridición  continental de la aplicación de  estos derechos le pertenece a la Corte Interamericana establecida en 1969 en San José, Costa Rica, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Saint Kitts and Nevis
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La organización cuenta ahora con 34 Estados miembros, entre ellos Canadá desde 1990, y 70 Estados observadores. Canadá es ahora uno de los miembros más importantes contribuyentes de la OEA. Sin embargo, Canadá se abstiene de adherir a la Convención y reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A principios del 2000, un comité oficial del Senado de Canadá analizó las ventajas y desventajas de una posible adhesión de Canadá al sistema interamericano completo. A pesar de algunas limitaciones identificadas en el informe, se recomendó que la adhesión canadiense seria favorable. Según el comité, «[Es] cierto que los canadienses benefician de las protecciones en virtud de la Charte canadienne des droits et libertés, así como las leyes federales y provinciales en materia de derechos humanos (…) las normas de derechos humanos y mecanismos de denunciación están diseñados para beneficiar a las personas y no el Estado. No se puede afirmar que los ciudadanos tengan demasiadas protecciones y que sea innecesario de añadir más». Pero después de este informe y a pesar de las nuevas realidades resultado de la democratización en América Latina, no ha habido hasta ahora una reflexión seria sobre una implicación actualizada de Canadá.

El año pasado se cumplieron 25 años de la adhesión canadiense ante la Organización de Estados Americanos. Canadá siempre ha sido y sigue siendo una fuente importante de apoyo financiero y político para la Organización de Estados Americanos (OEA). De hecho, durante el último cuarto de siglo, Canadá ha ejercido un papel clave en el fortalecimiento de la promoción de los derechos humanos en el sistema interamericano. A pesar de lo expuesto anteriormente, Canadá no ha ratificado el tratado principal sobre derechos humanos en el sistema interamericano (la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, el Canadá no ha reconocido tampoco la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, desde que Canadá es miembro de la Organización de Estados Americanos (1990), la participación de este Estado en las Américas ha aumentado económicamente. Hoy en día, Canadá ha ratificado cinco acuerdos comerciales con México, Colombia, Chile, Perú y Costa Rica, y ha iniciado tres acuerdos comerciales con Honduras, Panamá y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y sin contar los acuerdos en proceso de negociación. El continente latino americano siempre ha representado un gran interés para Canadá, notablemente porque el mercado de América Latina representa aproximadamente mil millones de personas.

 

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